La Policía confirmó que no existía ninguna amenaza real. El rector del plantel activó protocolos de seguridad y pidió responsabilidad a la ciudadanía.
Una falsa alarma de seguridad generó momentos de tensión en la Institución Educativa Técnica de Villa Olímpica, ubicada en el municipio de Galapa, Atlántico. La situación se originó luego de que circularan mensajes intimidantes que simulaban ser amenazas de grupos armados contra el colegio. Tras la intervención de las autoridades, se confirmó que todo había sido inventado por un estudiante que buscaba evadir los exámenes programados para esta semana.
La información comenzó a difundirse en grupos de padres de familia del barrio Villa Olímpica y fue comunicada por docentes en la mañana del lunes. Ante la preocupación, el rector del plantel, Leonardo Vargas Delgado, activó la ruta institucional con la Secretaría de Gobierno y solicitó apoyo inmediato de la Policía Nacional.
“Cuando fui informado, activamos la ruta con la Secretaría de Gobierno y de inmediato la Policía Nacional, con todas sus especialidades, llegó a la institución para evaluar la situación”, explicó Vargas Delgado, quien también confirmó que el colegio continúa desarrollando sus actividades con total normalidad.
El temor como excusa y el miedo como estrategia
La investigación de las autoridades reveló que el responsable de la falsa alarma fue un estudiante del mismo colegio, quien habría creado perfiles falsos en redes sociales para difundir los mensajes intimidantes. El objetivo era evitar presentar los exámenes finales, aprovechándose del clima de inseguridad que se vive en el Atlántico por la presencia de grupos armados y recientes hechos violentos.
El incidente generó preocupación entre padres, docentes y estudiantes, quienes vivieron momentos de incertidumbre ante la posibilidad de un ataque. “Uno no sabe si creer o no, pero con todo lo que está pasando en el departamento, cualquier cosa alarma”, dijo una madre de familia.
Desde la Secretaría de Educación se hizo un llamado a la calma y se reiteró que no hay amenazas contra el colegio. También se pidió a los padres reforzar el diálogo con sus hijos sobre el uso responsable de redes sociales y la gravedad de este tipo de acciones. No obstante, la vigilancia continúa en forma de prevención y con el objetivo de tener tranquila a la población civil y estudiantil.
Precedentes peligrosos: ¿una moda irresponsable?
Este no es el primer caso en el Atlántico. En semanas anteriores, otro estudiante en Soledad fue señalado por crear perfiles falsos para simular amenazas contra su colegio, también con el fin de evadir exámenes. Aunque algunos lo califican como una “broma de mal gusto”, expertos advierten que estas conductas pueden replicarse y generar consecuencias graves en un contexto de temor generalizado.
En el caso de Galapa, el estudiante habría difundido mensajes haciéndose pasar por el Grupo de Delincuencia Común Organizado (GDCO) ‘Los Pepes’, una estructura delincuencial conocida por intimidar y extorsionar a comerciantes en Barranquilla, su área metropolitana y municipios como Sabanalarga, Baranoa y Juan de Acosta. Este grupo ha sido vinculado con delitos como extorsión digital, amenazas, tráfico de estupefacientes y homicidios selectivos, según reportes de la Policía Nacional.
El uso del nombre de una organización criminal activa en la región no solo aumentó el nivel de alarma entre los padres y docentes, sino que también dejó en evidencia el grado de manipulación y conocimiento que algunos jóvenes tienen sobre el entorno delictivo local.
¿Qué sanciones enfrentan los menores por falsas amenazas?
Aunque los menores de edad tienen un régimen especial en Colombia, pueden enfrentar sanciones disciplinarias dentro de la institución y ser objeto de procesos en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes si se demuestra que sus acciones pusieron en riesgo a terceros o afectaron el orden público.
En este caso, el uso del nombre de ‘Los Pepes’ para simular una amenaza podría agravar la situación, al tratarse de una organización vinculada a hechos violentos recientes en el Atlántico. Juristas advierten que, aunque no haya una intención directa de causar daño físico, la alteración del orden institucional y el uso de símbolos criminales pueden ser considerados como agravantes en un proceso disciplinario o judicial.
Además, las autoridades educativas han reiterado que este tipo de conductas no deben ser minimizadas como travesuras juveniles, sino abordadas con seriedad, dado el impacto emocional y operativo que generan en las instituciones.