Organizaciones como la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos en la Costa Caribe han celebrado efusivamente este hecho.
La tarifa de energía eléctrica de Air-e bajó a $795,93 por kilovatio hora en octubre, una reducción de casi $90 frente a septiembre, cuando se ubicó en $885,71, y de más de $140 respecto a julio, cuando alcanzó los $938,16.
Aunque el alivio se refleja en las facturas de los usuarios del Caribe colombiano, detrás hay una historia de ajustes regulatorios, decisiones judiciales, presión ciudadana y una empresa intervenida que aún enfrenta el riesgo de liquidación.
La reducción tarifaria responde a varios factores. Por un lado, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) eliminó cobros que venían siendo cuestionados desde hace años: el traslado de pérdidas eléctricas no técnicas, el cobro anticipado de inversiones futuras y una sobretasa del 20% en el componente de comercialización. Estos elementos, vigentes desde 2020 bajo el régimen especial tarifario aprobado en el gobierno anterior, no se aplicaban en otras regiones del país.
Por otro lado, la temporada de lluvias ha elevado el nivel de los embalses por encima del 80%, lo que ha permitido una reducción en los costos de generación, especialmente en contratos bilaterales. Este fenómeno climático ha favorecido la disponibilidad de energía hidroeléctrica, que es más económica que otras fuentes como la térmica o la solar en condiciones de baja radiación.
Al contar con mayor volumen de agua en los embalses, las generadoras pueden ofrecer precios más competitivos en sus contratos, lo que se traduce en menores costos para las empresas distribuidoras como Air-e. Además, al reducirse la presión sobre la bolsa energética, se estabilizan los precios mayoristas, lo que contribuye a que las tarifas finales reflejen ese alivio.
En junio de 2025, el Tribunal Administrativo del Atlántico falló a favor de una acción popular presentada por los personeros de Barranquilla, Santa Marta y Riohacha. La decisión ordenó a la CREG desmontar el régimen tarifario especial que regía para Air-e y AFINIA, empresas encargadas de la distribución eléctrica en la región Caribe.
La CREG acató el fallo y, en una resolución posterior, eliminó los cobros cuestionados. Según cálculos de la Liga Nacional de Usuarios, esto representa un ahorro de $282.000 millones anuales para los usuarios de Ar-e.
Una empresa intervenida y en crisis
Air-e fue intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en septiembre de 2024, tras denuncias por cortes masivos, falta de respuesta a peticiones de los usuarios y problemas financieros. En un año, ha tenido cuatro agentes interventores y acumula una deuda de $3,6 billones, de los cuales $1,7 billones se generaron durante la intervención.
Actualmente, el Gobierno evalúa la posibilidad de liquidar la empresa y entregar la operación a Gecelca, una generadora pública con presencia en el Caribe. Sin embargo, gremios como el Comité Intergremial del Atlántico advierten que esta medida no resolvería los problemas estructurales del sistema eléctrico regional.
La Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos en la Costa Caribe ha sido una voz crítica en este proceso. Aunque ha respaldado la acción popular y celebrado la reducción tarifaria, también ha pedido la liquidación de Air-e y ha denunciado prácticas como la instalación de medidores prepago, que podrían dejar sin servicio a usuarios de bajos recursos.
En un comunicado del 1 de octubre, la Liga destacó la reducción en la tarifa afirmando que “luchar sí paga”, en referencia a las movilizaciones realizadas en abril de 2024 y a las acciones judiciales que derivaron en el fallo del Tribunal.
¿Muestras de una solución estructural o un alivio temporal?
A partir de enero de 2026, Air-e perdería la mayoría de sus contratos de suministro y quedaría expuesta en un 65% a la bolsa energética, donde los precios suelen ser más altos, especialmente en época seca. Esto podría revertir las rebajas actuales si no se logra una solución estructural al suministro energético de la región.
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, ha advertido que sin respaldo financiero, Air-e podría desencadenar un apagón que afectaría a más de 4 millones de personas en la región. Por su parte, el gobernador Eduardo Verano y el alcalde Alejandro Char han respaldado los ajustes regulatorios y pedido tarifas más justas, aunque también han expresado preocupación por la sostenibilidad del servicio e, incluso, han propuesto ellos mismos operar el servicio en el Atlántico.