Tras semanas de tensión institucional, la Procuraduría General resolvió objeciones y habilitó al funcionario local para continuar el trámite.
Después de una pausa prolongada por recusaciones múltiples, el proceso de elección del nuevo rector de la Universidad del Atlántico parece que comienza a destrabarse. La Procuraduría General de la Nación resolvió las objeciones presentadas contra el Procurador Regional y lo habilitó para continuar con el trámite de las recusaciones interpuestas, lo que, una vez resueltas, permitiría al Consejo Superior retomar sus deliberaciones.
La decisión fue confirmada por el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, quien preside el Consejo Superior Universitario. “El procurador general vino personalmente y resolvió la recusación del procurador local, dejándolo habilitado para que continúe con el proceso. Eso nos permite avanzar con tranquilidad y garantizar que no se cometa ningún error o vicio de ilegalidad”, declaró Verano.
María Andrea Bocanegra, jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Universidad del Atlántico, también explicó que, contando a partir de hoy, la resolución a las recusaciones tardaría un periodo de aproximadamente 10 días hábiles, en el que pasado ese tiempo la Procuraduría estará pronunciándose sobre cada una de ellas.

Es pertinente hacer referencia que desde el Ministerio Público ya se subrayó que, aunque las demoras generan inquietud en la comunidad universitaria, es necesario respetar los tiempos institucionales y garantizar que cada etapa se cumpla con transparencia y rigor legal, dicho la semana pasada por el procurador general Gregorio Eljach. Ambos mensajes coinciden en que el proceso avanza, pero bajo un ritmo que pretende respetar el debido proceso.
Una elección enredada por intereses y tensiones
El proceso de elección del rector ha estado marcado por una serie de recusaciones dirigidas contra miembros del Consejo Superior, incluyendo al propio gobernador Verano, por presunto conflicto de interés. También fueron recusados Miguel Antonio Caro, representante de las directivas académicas; Angely Díaz Cordero, representante estudiantil; y otros consejeros que votaron a favor de la reforma estatutaria que permite la reelección inmediata del rector.
Por tal motivo, la sesión del Consejo Superior convocada el 10 de octubre para definir al nuevo rector terminó sin decisión. En su lugar, fue nombrada como rectora encargada Josefa Cassiani, secretaria general de la institución, para garantizar la continuidad administrativa mientras se resuelven las recusaciones.

Además, la crisis institucional ha trascendido los despachos y se ha manifestado con fuerza en el campus. El pasado 14 de octubre, la sede norte de la universidad fue escenario de actos vandálicos protagonizados por encapuchados que prendieron fuego a pendones de candidatos, atacaron oficinas administrativas y ocuparon espacios estratégicos.
La Oficina de la Vicerrectoría de Investigación, Extensión y Proyección Social, liderada por Miguel Caro, fue blanco de grafitis, daños en infraestructura y una fogata improvisada con sillas plásticas por estudiantes que se apostaron frente a varias oficinas exigiendo transparencia y rechazando lo que consideran una imposición de intereses políticos
Además, el intento más reciente por restablecer el diálogo ocurrió el 16 de octubre, cuando la rectora encargada convocó una mesa de diálogo con los distintos estamentos universitarios. El encuentro, realizado en el Centro Cultural, terminó en medio de enfrentamientos entre estudiantes, ingreso forzado al recinto, agresiones al personal de seguridad y suspensión de la jornada.
Los cinco aspirantes en espera
Mientras se resuelve el trámite legal, los cinco aspirantes elegibles siguen a la espera de ser evaluados por el Consejo Superior. Ellos son:
- Danilo Hernández, vigente rector, quien lideró la consulta interna con 6.345 votos ponderados.
- Álvaro González, segundo en la votación con 3.996 votos.
- Leyton Barrios, secretario de Educación departamental, con 3.496 votos.
- Wilson Quimbayo, impulsado por el Gobierno Nacional, con 3.349 votos.
- Alcides Padilla, con 967 votos.
Cabe recordar que la consulta interna no es vinculante, y la decisión final corresponde exclusivamente al Consejo Superior, conformado por nueve miembros con voto decisivo.

Con el pronunciamiento de la Procuraduría, se espera que el Consejo Superior pueda retomar sus deliberaciones, analizar las hojas de vida de los aspirantes y avanzar hacia la designación del rector para el periodo 2025–2029. La comunidad universitaria, que ha vivido semanas de incertidumbre, espera que el proceso se desarrolle con transparencia y garantías legales.
La Universidad del Atlántico, con un presupuesto anual cercano a los 574.000 millones de pesos y una influencia directa en el desarrollo educativo del Caribe colombiano, se encuentra en un momento decisivo. La elección del rector no solo definirá el rumbo académico de la institución, sino también su papel en el debate público y político de la región.