Una de las mayores preocupaciones en Colombia es el incremento del delito de extorsión que está creciendo en todas las regiones del país. Los ciudadanos han documentado cómo diariamente están siendo blanco de los delincuentes y por esa razón el Congreso está legislando en esa materia.
En la Cámara de Representantes se está estudiando en segundo debate un proyecto de ley que regularía la adquisición y activación de las tarjetas SIM y e-SIM en Colombia que actualmente no tienen restricción alguna.
Esta iniciativa busca frenar la extorsión que, según cifras de la Policía y la Fiscalía, se está cometiendo en un 70 por ciento desde las cárceles del país.
El representante a la Cámara de Cambio Radical, Julio César Triana, uno de los autores de este proyecto de ley, explicó que es urgente regular este tema en Colombia para evitar que ese delito siga creciendo.
Por esa razón, toda línea telefónica móvil será registrada obligatoriamente con una identificación personal y verificación biométrica del usuario.
En el articulado se asegura que para la venta y activación de una tarjeta SIM “los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones Móviles, incluyendo los operadores móviles virtuales que presten los servicios de telecomunicaciones en Colombia, deberán registrar de inmediato en sus respectivas bases de datos: nombre y apellidos completos del suscriptor o usuario, número de identificación, tipo de identificación de documento (CC, CE, Pasaporte, NIT, TI), número del móvil, IMEI, correo electrónico y datos biométricos del suscriptor o usuario que permitan verificar su identidad, prevenir suplantaciones y establecer un responsable por servicio de telecomunicación móvil”.
La idea es que de esa manera toda línea telefónica celular esté asociada a un usuario que responda por la actividad de ese número y se acabe la venta libre de las tarjetas SIM. Cada usuario sería responsable por las actividades de su línea telefónica.
Una de las mayores preocupaciones en Colombia es el incremento del delito de extorsión que está creciendo en todas las regiones del país. Los ciudadanos han documentado cómo diariamente están siendo blanco de los delincuentes y por esa razón el Congreso está legislando en esa materia.
En la Cámara de Representantes se está estudiando en segundo debate un proyecto de ley que regularía la adquisición y activación de las tarjetas SIM y e-SIM en Colombia que actualmente no tienen restricción alguna.
Esta iniciativa busca frenar la extorsión que, según cifras de la Policía y la Fiscalía, se está cometiendo en un 70 por ciento desde las cárceles del país.
El representante a la Cámara de Cambio Radical, Julio César Triana, uno de los autores de este proyecto de ley, explicó que es urgente regular este tema en Colombia para evitar que ese delito siga creciendo.
Por esa razón, toda línea telefónica móvil será registrada obligatoriamente con una identificación personal y verificación biométrica del usuario.
En el articulado se asegura que para la venta y activación de una tarjeta SIM “los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones Móviles, incluyendo los operadores móviles virtuales que presten los servicios de telecomunicaciones en Colombia, deberán registrar de inmediato en sus respectivas bases de datos: nombre y apellidos completos del suscriptor o usuario, número de identificación, tipo de identificación de documento (CC, CE, Pasaporte, NIT, TI), número del móvil, IMEI, correo electrónico y datos biométricos del suscriptor o usuario que permitan verificar su identidad, prevenir suplantaciones y establecer un responsable por servicio de telecomunicación móvil”.
La idea es que de esa manera toda línea telefónica celular esté asociada a un usuario que responda por la actividad de ese número y se acabe la venta libre de las tarjetas SIM. Cada usuario sería responsable por las actividades de su línea telefónica.
Además, otro artículo del proyecto de ley plantea la identificación de las llamadas de centros penitenciarios por lo que el Gobierno nacional tendría que colaborar para “implementar el control a las llamadas desde los centros de reclusión contemplado en el artículo 11 de la Ley 1908 del 2018 en el que, mediante sistemas tecnológicos se identifique y alerte a los usuarios sobre las llamadas originadas desde centros penitenciarios y carcelarios. Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles estarán obligados a advertir al receptor sobre la procedencia de la llamada, respetando los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad”.
Otro aspecto importante del proyecto de ley es que se habla de la cancelación de las líneas asociadas a delitos por lo que “la Policía Nacional periódicamente solicitará a los operadores de telefonía móvil, en los casos que sea pertinente, la cancelación de líneas de telefonía celular asociadas a denuncias o condenas de estafas, robos o delitos tipificados por la ley. Los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones Móviles deberán hacer efectiva esta solicitud de manera inmediata”.
Triana aseguró que el trámite de este proyecto de ley es muy importante para el país ya que el delito de la extorsión viene en aumento y se está viviendo en todas las regiones. Además, contó que la libre venta de las SIM card es un problema que se debe resolver lo más pronto posible.
Se espera que después del 16 de marzo se reanude la discusión en segundo debate de este proyecto de ley.