Exhorta a fijar límite provisional en el corredor universitario mientras el Congreso define frontera definitiva.
Después de casi tres décadas de litigios, alegatos cruzados y suspensiones administrativas, el conflicto por los límites territoriales entre Barranquilla y Puerto Colombia vuelve al centro del debate público. La Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia de la Función Pública lanzó un llamado urgente al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) para que retome el proceso de deslinde en la zona conocida como el “corredor universitario”, una franja clave para el desarrollo urbano, educativo y económico del norte del Atlántico.
El Ministerio Público advirtió que, ante la ausencia de una línea divisoria clara y definitiva, se hace necesario establecer un límite transitorio que permita destrabar la gestión administrativa y reducir el nivel de incertidumbre que actualmente enfrentan las autoridades locales, los habitantes y los inversionistas en ese sector.
Un conflicto de vieja data con impacto estratégico
El origen del conflicto se remonta a mediados de los años 90, cuando la Asamblea del Atlántico aprobó la incorporación de más de 1.400 hectáreas al municipio de Puerto Colombia, entre ellas terrenos que hoy albergan importantes desarrollos educativos, residenciales y comerciales. Sin embargo, esa decisión fue anulada años después por el Consejo de Estado, al confirmar una sentencia del Tribunal Administrativo del Atlántico que declaró ilegal la modificación de los límites sin intervención del Congreso de la República.
Desde entonces, la disputa ha continuado sin que se concrete una solución institucional de fondo. El IGAC, entidad encargada de adelantar los procesos de deslinde, había iniciado un procedimiento técnico en la zona, pero lo suspendió luego de que el Distrito de Barranquilla presentara un derecho de petición argumentando vacíos en el proceso y solicitando su archivo.
Esa pausa dejó en el limbo administrativo a una de las áreas más dinámicas del departamento, donde se ubican universidades, conjuntos residenciales, centros médicos, colegios y zonas de expansión urbana cuya jurisdicción —y en consecuencia, su planificación y fiscalización— sigue siendo objeto de disputa.
El llamado de la Procuraduría: volver a la ruta institucional
Frente al estancamiento, la Procuraduría convocó recientemente una mesa de trabajo interinstitucional con el fin de reactivar el diálogo entre las partes y destrabar el proceso. En su exhortación pública, instó al IGAC a continuar con el proceso de deslinde, dada su competencia técnica, y a fijar un límite provisional mientras el Congreso de la República ejerce su función de definir de manera definitiva los linderos intermunicipales.
La función preventiva del Ministerio Público busca evitar que la indefinición territorial siga afectando la gobernabilidad en esta zona del departamento. Por eso impulsamos escenarios de concertación y recordamos a las autoridades locales su obligación de actuar con responsabilidad y voluntad de entendimiento
PROCURADURÍA SEGUNDA DELEGADA PARA LA VIGILANCIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
El Ministerio Público también reiteró que esta controversia no puede seguir postergándose por razones políticas o administrativas, dado que afecta derechos fundamentales como la prestación eficiente de servicios públicos, la inversión en infraestructura y la seguridad jurídica de quienes habitan y desarrollan actividades económicas en la zona.
Una región dividida entre límites y competencias
Mientras tanto, las posturas de Barranquilla y Puerto Colombia siguen sin acercarse.
- Desde el Distrito de Barranquilla se ha insistido en que el IGAC no puede avanzar sin que primero se determine si existe o no una superposición legítima de competencias.
- Puerto Colombia, por su parte, ha defendido su presencia histórica en la zona y reclama que se respete el proceso de incorporación aprobado por la Asamblea, pese a los fallos judiciales en su contra.
Entre tanto, los efectos prácticos de la indefinición se sienten en el día a día: ciudadanos que no saben ante qué autoridad deben tramitar permisos, predios con doble registro fiscal, proyectos de inversión detenidos por incertidumbre jurídica y dificultades para coordinar políticas de seguridad, educación y movilidad en un territorio en disputa.