Casi 3 décadas después de los hechos, juez pidió emitir órdenes de captura para que paguen 11 años y 3 meses. Absolvió a tres directivos de Banacol.
Desde 1997 se empezó a conocer la ejecución de un plan sistemático criminal diseñado por jefes de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) para expandir su poder en el Urabá antioqueño.
Desde entonces, se sabía que ejecutivos de la multinacional bananera Chiquita Brands –a través de su filial Banadex S. A.– concretaron pagarles a los paramilitares tres centavos de dólar por caja de banano exportada a cambio de que los dejaran trabajar y les dieran seguridad.
El dinero se movió a través de las llamadas convivir y se canalizó a través del jefe paramilitar Raúl Emilio Hasbún, alias Pedro Bonito.
Fallo histórico
Y si bien la bananera admitió, en una corte de Estados Unidos, desde 2007, haber hecho al menos un centenar de giros por 1,7 millones de dólares, el caso estaba impune en Colombia.
Sin embargo, EL TIEMPO conoció en primicia un fallo histórico en el que Diana Lucía Molsalve, juez sexta penal especializada del circuito de Antioquia, condena a siete ejecutivos ligados a Chiquita por el delito de concierto para delinquir agravado.
De acuerdo con la sentencia, deberán pagar 11 años y tres meses de cárcel y una indemnización de 13.879 millones de pesos por esa conducta.
Además, se les niega la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria: “Por tanto, como quiera que los procesados se encuentran en libertad, una vez se encuentre en firme la sentencia, se dispondrá librar orden de captura en su contra, para que comiencen a descontar la pena impuesta en este fallo”.
El demoledor fallo también incluye un fuerte llamado de atención a la Fiscalía “por incurrir en una manifiesta negligencia en su deber de investigar y acusar con seriedad, lo que llevó a la juez a remitir el expediente al ente acusador para lo de su competencia”.
“A pesar de tratarse de hechos de graves repercusiones sociales y jurídicas, su actuación fue sumisa, superficial y carente de rigor, tanto en la fase investigativa como durante el juicio oral, lo que generó un grave detrimento procesal y una afectación al derecho a la justicia, omitiendo su deber de actuar con la debida diligencia pese a su delicada misión institucional
Para la juez del caso, es imposible que los condenados no se hubieran enterado de los pagos mensuales que la propia multinacional admitió en 2007.
Aunque para algunas de las partes el caso prescribe en septiembre próximo, para la juez son otras las cuentas.
Según la togada, algunos de los directivos fueron vinculados al caso en indagatoria el 4 de noviembre de 2008. Y aquí aparece el dato relevante: «Están sometidos a la misma pena antes citada, es decir un máximo de 18 años, los cuales se interrumpieron con la ejecutoria de la resolución de acusación y comenzaron a correr por la mitad del plazo, por lo que la acción penal prescribe el 17 de septiembre de 2028».
El temor de las víctimas del paramilitarismo es que el caso prescriba en septiembre próximo, aunque en el fallo se habla claramente de 2028.
Los condenados
En la sentencia, de 172 páginas, se señala que el acuerdo se habría sellado a principios de 1997 en el lugar conocido como Montecasino, en Medellín, por convocatoria de la denominada casa Castaño.
“Reunión a la que acudieron el gerente general de Chiquita Brands en Colombia: CI Banadex; el asesor jurídico de la compañía, el jefe de seguridad y otros empresarios reconocidos en la región”, señala la decisión.
Los condenados son Charles Dennis Keiser, gerente general de Banadex S. A. desde los años 90 al 2000. Además, Reinaldo Elías Escobar de la Hoz, quien fue abogado de Banadex S. A. y representante legal desde 1994 hasta 1998, e integrante de la junta directiva.
También cubre la sentencia a Víctor Julio Buitrago Sandoval, un exoficial del Ejército quien fue jefe de seguridad de la filial de Chiquita en Colombia en la región de Santa Marta y el Urabá; John Paul Olivo, un contador oriundo de Chicago, quien fungió como contralor de Banadex S. A.; Fuad Alberto Giacoman Hasbún, un hondureño excontralor de la firma; y Álvaro Acevedo González, gerente general y representante legal de Banadex.
El último en la lista es José Luis Valverde Ramírez, también gerente general y representante legal desde el 2000 hasta el 2002.
No obstante, el fallo advierte que sobre este procede apelación.
Los tres absueltos
Dentro de la misma decisión, la juez absolvió de responsabilidad a Javier Ochoa Velásquez, exgerente de planeación y proyectos de Banacol hasta 2004; Víctor Manuel Henríquez Velásquez, presidente de Banacol S. A. (otra de las filiales de Chiquita) y miembro de la junta directiva hasta 2018; y a Jorge Alberto Cadavid Marín, exvicepresidente financiero de Banacol.
El apoderado de uno de ellos le dijo a EL TIEMPO que no los han notificado y que se enteraron de la sentencia por este diario.
El penalista Jaime Lombana apoderó a Jorge Cadavid; el abogado Juan David Riveros, a Víctor Manuel Henríquez; y el apoderado de Javier Ochoa fue Alfonso Cadavid Quintero
Según la juez, la prueba aportada en contra de Ochoa, Henríquez y Cadavid no logró desvirtuar la presunción de inocencia que los cobija.
“Los argumentos de los vínculos entre los sindicatos, el hecho notorio, el conocimiento de los vínculos entre los servicios especiales y las Auc, así como el destino de los aportes y el señalamiento de Hasbún, fueron refutados por la defensa de Banacol, generando duda insalvable de tal magnitud que llevó al despacho a no tener otra alternativa diferente a la emisión de un fallo absolutorio”, se lee en la sentencia.
¿Quién era Hasbún
Uno de los testigos dentro del caso fue el propio ‘Pedro Bonito’, jefe paramilitar que recogía los aportes de la multinacional.
Para la justicia es claro que fue él quien diseñó, ejecutó y planeó el proyecto con el propósito de combatir a la guerrilla en apoyo a la organización liderada por los hermanos Fidel y Carlos Castaño.
Los hechos fueron ratificados por Hebert Veloza García, alias HH, quien también dio cuenta del acuerdo de financiación de las filiales de Chiquita Brands.
El caso, sin embargo, no se cierra aún. Se espera la apelación de los condenados y la segunda instancia en Estados Unidos sobre la indemnización a víctimas.
¿Qué ha pasado en EE. UU. con el caso?
La multinacional Chiquita Brands International, con sede central en Fort Lauderdale (Estados Unidos), enfrenta desde el 2007 varios procesos judiciales en ese país por la financiación a grupos paramilitares en Colombia.
Dentro de los procesos, dos han tenido sentencias de fondo que ha tenido que pagar la multinacional, uno en 2007 y el más reciente en 2024.
En efecto, el 19 de marzo de 2007, los directivos de la multinacional tuvieron que responder ante el Tribunal de Estados Unidos para el Distrito de Columbia.
En ese proceso, la compañía, mediante un acuerdo de culpabilidad, admitió haber realizado pagos al grupo paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) desde 1997 hasta el 4 de febrero de 2004, en las regiones de Urabá y Santa Marta, donde operaba la bananera a través de su filial Banadex.
En total, Chiquita realizó más de 100 pagos a las Auc por 1,7 millones de dólares. Los pagos se realizaban en su mayoría en efectivo para que no quedara rastro alguno.
Por el acuerdo de culpabilidad, Chiquita Brands terminó pagando una multa de 25 millones de dólares.
Esta sentencia marcaba el inicio de un largo proceso legal en contra de la compañía en Estados Unidos. Y aunque durante muchos años estuvo detenido, en junio de 2024 la justicia de Estados Unidos volvió a dictar otra sentencia en contra de la compañía.
En ese año, un jurado de Palm Beach, Florida, declaró responsable a Chiquita Brands de asesinatos de guerra civil en Colombia.
El jurado los condenó con una multa de 38,3 millones de dólares que deben pagar a 16 familiares de personas asesinadas en el conflicto armado. Este proceso avanzó gracias a la demanda interpuesta por 8 víctimas de las Auc.
“El jurado concluyó que las 8 víctimas demostraron que sus familiares fueron asesinados por paramilitares. Uno de los fallecidos, el jurado no encontró que hubiera sido asesinado por paramilitares; de ocho de nueve, consideró que sí lo demostraron”, señala el fallo.