Todo apunta a que las principales revelaciones serán sobre funcionarios del gobierno de López Obrador y del actual.
La comparecencia del miércoles, ante un tribunal de Chicago, del narcotraficante Ovidio Guzmán López, de 35 años, hijo del siniestro líder del cartel de Sinaloa, Joaquín el ‘Chapo’ Guzmán, puede ser el inicio de un terremoto político en México, con efectos perjudiciales para el gobierno de la presidente Claudia Sheinbaum, para el expresidente Andrés Manuel López Obrador y su partido Morena, y para otras
Guzmán López, conocido como el ‘Ratón’, llegó a un acuerdo con los fiscales estadounidenses para una amplia cooperación que permita esclarecer los nexos del cartel de Sinaloa con otros grupos criminales de México, y eventualmente de otros países como Colombia y Ecuador, así como con altos niveles del poder político y de negocios mexicanos, a cambio de ver reducida su pena y relajadas las medidas más restrictivas de su detención.
Guzmán obtendrá protección para su esposa y 16 familiares más que, en mayo, pasaron la frontera de México hacia California y se pusieron a órdenes de las autoridades estadounidenses. El acuerdo podría prever que no haya acusaciones judiciales contra ellos.
Medios mexicanos han mencionado que, además, el ‘Ratón’ puede acordar con los fiscales que su familia conserve una pequeña parte de la inmensa fortuna acumulada como resultado de sus actividades criminales.
El ‘Ratón’ es el más joven de ‘los Chapitos’, la banda criminal dirigida por él y sus hermanos. Los fiscales lo acusan de posesión de drogas y conspiración para introducirlas y distribuirlas en Estados Unidos, participación en una empresa criminal continuada, lavado de bienes y dinero, y porte de armas de uso militar.
Enfrentaba dos procesos, uno en Chicago y otro en Nueva York, pero, como parte del acuerdo, los fiscales neoyorquinos cerraron el caso y trasladaron las pruebas a sus colegas de Chicago, cuyo distrito judicial manejará todo el proceso de plea bargaining, la negociación entre los abogados del ‘Ratón’ y la Fiscalía. El acuerdo marco fue firmado el 30 de junio por Guzmán, quien dejó sentado allí que desea declararse “culpable” y cooperar.
No es el único ‘Chapito’ en poder de Estados Unidos. Joaquín Guzmán López fue detenido hace un año cuando, en un operativo novelesco, aterrizó en un jet privado en Nuevo México, en compañía de Ismael ‘Mayo’ Zambada, cofundador con el ‘Chapo’ del cartel de Sinaloa. Zambada declaró luego que había sido engañado y que abordó el avión sin saber que se dirigían a Estados Unidos.
Fuentes judiciales estadounidenses dejaron entrever entonces que el engaño a Zambada hacía parte del inicio de un proceso de cooperación judicial de los hermanos Guzmán López. En Sinaloa, la guerra no se hizo esperar entre el clan de ‘los Mayitos’, de Zambada, y el de ‘los Chapitos’. En junio, dejó más de 200 muertos y 80 desaparecidos.
Hace pocos días, Joaquín Guzmán fue trasladado a Chicago, a la misma cárcel donde se encuentra el ‘Ratón’, claro indicio de que hace parte de la negociación. Es evidente que una buena parte de los familiares del ‘Chapo’ ha decidido cooperar. Lo que hasta ahora han revelado parece muy valioso para los fiscales, ya que han aceptado concederles garantías especiales de seguridad. Lo que más preocupa a Washington es el fentanilo, que ha matado a cientos de miles de estadounidenses, y ‘los Chapitos’, protagónicos en ese tráfico, saben mucho del tema.
Ovidio, ‘Fito’ y ‘Mordisco’, involucrados en el acuerdo
Los capítulos novelescos se multiplican en esta historia. El 17 de octubre de 2019, en un operativo lanzado por la Secretaría (ministerio) de Defensa Nacional mexicana, la mansión de Ovidio Guzmán en Culiacán, Sinaloa, en el nordeste de México, fue rodeada por decenas de hombres armados. Sonriente y relajado, el ‘Ratón’ salió con las manos en alto y se entregó. Pocas horas después, sicarios del cartel desataron una ola de violencia de tal magnitud en la ciudad que el presidente Andrés Manuel López Obrador, populista de izquierda, ordenó liberar al detenido porque, como explicó después, “no quisimos arriesgar al pueblo”.
Crítico de la guerra contra las drogas, López Obrador acuñó el lema de ‘Abrazos, no balazos’, que inspiró al presidente colombiano Gustavo Petro. El 5 de abril, Petro sostuvo una reunión con la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, quien contó luego que, tras criticar a Washington y cuestionar el enfoque de la guerra contra las drogas, el mandatario aseguró que los capos de las bandas criminales necesitan “más amor y comprensión”.
El ‘Ratón’ fue recapturado en enero de 2023 y, ocho meses después, extraditado a Estados Unidos, donde ahora negocia con los fiscales los temas que abordara en su colaboración judicial y que cubren, en primer lugar, información sobre capos de Sinaloa y de otros grupos narcotraficantes, así como sobre nexos de ese cartel mexicano con bandas criminales colombianas y, en especial, con las disidencias de las Farc que lidera Néstor Vera Fernández, más conocido con el alias de Mordisco.
Pero, por encima de ‘Mordisco’, el gran socio del cartel de Sinaloa en los países andinos es José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, de 45 años, capturado a fines de junio en Manta, Ecuador, ciudad donde, según informes de inteligencia de ese país, no se mueve una hoja sin que ‘los Choneros’, a quienes ‘Fito’ lidera, tengan conocimiento.
“Los fiscales de Estados Unidos esperan que, una vez extraditado a ese país, ‘Fito’ pueda también cooperar y brindar información no sólo sobre capos y redes del narcotráfico, sino sobre los vínculos mafiosos de líderes políticos de Colombia y Ecuador”, le dijo a EL TIEMPO un periodista mexicano que sigue el caso del ‘Ratón’ y sus conexiones internacionales.
“Pero claro –agregó el comunicador, que pidió mantener su nombre bajo reserva– lo más esperado en México es lo que pueda contar sobre los lazos de Sinaloa con la clase política y, muy en especial, con el partido gobernante Morena, el expresidente López Obrador y algunos ministros del gabinete de la presidenta Sheinbaum”.
Según contó David Saucedo, reconocido consultor de seguridad de México, al diario Expansión de ese país, el ‘Ratón’ y sus asociados tendrán que “declarar lo que saben”.
Saucedo piensa que “la información que vayan abrevando de estos juicios en donde van a proporcionar muchos datos acerca de la corrupción en México, (las autoridades de Estados Unidos) la van a utilizar para obtener ventajas comerciales, migratorias y en materia de seguridad, pero también en algunos casos (…) para sentar en el banquillo a integrantes de la élite policial, militar o de la élite política”.
Lo más esperado en México es lo que pueda contar sobre los lazos de Sinaloa con la clase política y, muy en especial, con el partido gobernante Morena
Nerviosismo en México por el acuerdo entre el hijo del ‘Chapo’ con la justicia de Estados Unidos
Informes de prensa señalan que la preocupación por lo que Ovidio Guzmán cuente ya se siente en sectores de las fuerzas de seguridad y de la clase política, en especial del partido Morena, de López Obrador y de Sheinbaum, quien salió a cuestionar la negociación judicial de los fiscales estadounidenses con Ovidio Guzmán.
El miércoles 2, tal como lo relató el diario español ABC en un extenso informe este fin de semana, Sheinbaum descalificó el acuerdo al sostener que EE. UU. no debería “negociar con terroristas”, en una clara alusión a la decisión del gobierno de Donald Trump de equiparar a los carteles de las drogas con grupos como Al Qaeda…”.
El viernes 4 de julio, la presidenta aseguró que si el ‘Ratón’ va a acusar a líderes políticos mexicanos, “primero debería mostrar las pruebas”.
Los coletazos iniciales de la información anticipada por el ‘Ratón’ ya se sintieron. A mediados de junio, el Departamento del Tesoro acusó a dos bancos y una firma de bolsa mexicanos, “de jugar un papel clave para que el cartel de Sinaloa pueda lavar sus recursos provenientes del narcotráfico”, según apuntó ABC.
Agregó el diario español que “en el Palacio Nacional (sede de la Presidencia mexicana) creen que detrás de esa acusación que puso en jaque al sistema financiero de México se encuentra el testimonio de Oviedo”.
El Departamento del Tesoro acusó a dos bancos y una firma de bolsa mexicanos, ‘de jugar un papel clave para que el cartel de Sinaloa pueda lavar sus recursos provenientes del narcotráfico’
Y aquí es donde el asunto toca a López Obrador. La firma de bolsa afectada se llama Vector y es propiedad de Alfonso Romo Garza, quien ocupó la jefatura de gabinete de la Presidencia entre 2018 y 2020, los primeros dos años del mandato de López Obrador. El diario ABC contó que “en diversos círculos del oficialismo se menciona que desde dicha casa de bolsa se canalizaban inversiones de la familia López Obrador”.
“Hay muchos altos funcionarios nerviosos en el equipo de Sheinbaum”, le explicó a EL TIEMPO la fuente periodística mexicana. Y no es para menos. Hace pocas semanas, las visas estadounidenses de turismo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y de su esposo, Carlos Torres Torres, destacadas figuras del partido Morena, fueron revocadas.
Según informó Adriano Torres, corresponsal del Daily Mail británico en Nueva York, también les fueron congeladas sus cuentas bancarias en Wells Fargo y Bank of America. “Varias figuras de la clase política estarían en riesgo de un pronto señalamiento”, advirtió en su informe el diario ABC.
En México, los carteles son considerados uno de los empleador más grandes del país.
“Estados Unidos va soltando, uno a uno, tiros de precisión que apuntan a un objetivo mayor”, sentenció este lunes Héctor de Mauleón, columnista de El Universal de México.
Interrogado sobre el tema, el presidente del Senado mexicano, Gerardo Fernández Noroña, negó que en Morena, su partido, estén preocupados. “Que (el ‘Ratón’) suelte toda la sopa, que se preocupen el PRI y el PAN (los partidos opositores a Morena), son quienes han tenido vínculos…”, declaró Fernández al diario La Jornada. Y aunque es evidente que el ‘Ratón’ puede enlodar a líderes del PRI y del PAN, todo apunta a que las principales revelaciones serán sobre Morena y funcionarios del gobierno de López Obrador y del actual.