El agente interventor Freddy Socarrás ordenó la terminación unilateral de dos contratos que afectaban las finanzas de la red hospitalaria.
La red hospitalaria del Atlántico atraviesa una crisis que ha puesto bajo la lupa a la ESE UNA y al modelo de concesión que sostiene varios de sus servicios.
Un informe conocido por la emisora Blu Radio Barranquilla reveló que, pese a que la entidad recibió entre 2023 y 2025 más de 160 mil millones de pesos en giros directos de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), los proveedores y operadores privados reportan deudas millonarias y pagos ínfimos frente a lo facturado.
Lo que parecía un mecanismo para garantizar liquidez y flujo de recursos terminó generando un nuevo escándalo: el dinero llegaba a la red, pero apenas se transfería un porcentaje mínimo a quienes realmente prestaban los servicios. Mientras tanto, médicos, enfermeras y contratistas continuaban recibiendo la respuesta de que “no había recursos para pagarles”.
Contratos bajo sospecha
De acuerdo con la información, los contratos con privados en áreas sensibles como UCI neonatal, radiología, laboratorios, medicamentos y alimentación estaban diseñados para que los operadores facturaran directamente cada servicio y la ESE UNA recibiera entre el 12 % y el 20 % de utilidad. Los operadores realizaron inversiones en infraestructura, equipos y personal, bajo la promesa de un flujo de caja constante.
Sin embargo, la práctica mostró otra realidad. Según reveló el reporte, uno de los proveedores verificó que en 2023 y 2024 la ESE UNA recibió cerca de $9.500 millones del Adres por servicios prestados por su empresa, pero solo se le giraron $1.950 millones, es decir, el 20 %. Otro operador, dedicado a servicios de radiología, reportó un rezago aún más dramático: de $13.000 millones facturados entre 2023 y 2024, apenas recibió pagos por $200 millones, equivalentes al 8 % de lo que le correspondía.
La brecha entre lo recibido en caja y lo entregado a los proveedores deja en entredicho la gestión financiera de la ESE UNA y plantea dudas sobre el destino de los recursos.
Intervención y medidas del gobierno
El panorama llevó al Gobierno Nacional a intervenir la red hospitalaria en febrero de 2025. A un mes de esa medida, el agente interventor Freddy Socarrás ordenó la terminación unilateral de dos de los contratos más cuestionados: farmacología y laboratorio. A partir de ahora, estos servicios no estarán en manos de privados, sino que serán prestados directamente por la ESE UNA, lo que busca reducir costos y evitar nuevos desvíos de recursos.
La diputada Alejandra Moreno celebró la decisión a través de su cuenta en X, asegurando que es un paso importante para sanear las finanzas de la red. “Celebro que el interventor haya logrado culminar unilateralmente contratos que afectaban gravemente la sostenibilidad del sistema hospitalario del Atlántico”, afirmó.
Por su parte, el interventor Socarrás confirmó que notificará a la Contraloría General de la República (CGR) y a la Procuraduría General de la Nación (PGN) sobre los hallazgos preliminares, con el fin de que se adelanten las investigaciones correspondientes. La Fiscalía también podría asumir un papel clave en la indagación de posibles irregularidades penales.
Un modelo en crisis
El modelo de concesión vigente, que se sustentaba en proyecciones de facturación y demanda de servicios, hoy muestra su fragilidad. La caída en la atención de pacientes durante los últimos meses redujo en más de un 70 % los ingresos esperados, dejando a los operadores sin capacidad de sostener nóminas, insumos y servicios públicos.
El resultado ha sido una red hospitalaria asfixiada financieramente, médicos y enfermeras con salarios atrasados, proveedores sin pago y pacientes que sienten la precariedad en la atención. El caso pone sobre la mesa la necesidad de revisar a fondo los esquemas de concesión y el uso de los giros directos del Adres, mecanismo que, en teoría, debía blindar el flujo de recursos en el sistema de salud.
La crisis de la red hospitalaria del Atlántico refleja una tensión que se repite en otros departamentos: la desconfianza en el manejo de los recursos de salud, la fragilidad de los modelos concesionados y la urgencia de mayor control en el uso del dinero público prestar el servicio.