La justicia lo halló culpable como autor material del crimen ocurrido en 2019 en La Magdalena. Aunque fue condenado este 12 de agosto, está prófugo.
Seis años después del asesinato de Darley María Guzmán Pérez, la justicia colombiana emitió una condena contra Gustavo Adolfo Yepes Genes, alias ‘Gustavito’, por su responsabilidad como autor material del feminicidio ocurrido en el barrio La Magdalena, suroriente de Barranquilla.
La sentencia fue dictada este 12 de agosto por el Juzgado Segundo Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Barranquilla, que impuso una pena de 34 años y 2 meses de prisión, sin posibilidad de beneficios como casa por cárcel. Sin embargo, Yepes Genes no ha sido capturado: se encuentra prófugo, luego de haber sido liberado en 2022 por vencimiento de términos tras una primera detención en 2021.
El asesinato de Darley María Guzmán Pérez ocurrió en plena vía pública, en una calle del barrio La Magdalena, en 2019. La mujer fue atacada frente a su hija menor de edad, en un hecho que generó conmoción en la ciudad y fue rápidamente catalogado como feminicidio por las autoridades, hipótesis que luego pudo ser corroborada y confirmada posteriormente a los hechos.
Las investigaciones apuntaron desde el inicio a una acción premeditada, en la que Yepes Genes habría actuado por encargo de Santiago Alfonso Sabalza García, quien fue pareja sentimental de la víctima. Sabalza García fue señalado como el autor intelectual del crimen, pero falleció en 2020 por complicaciones de salud relacionadas con el cáncer, antes de que pudiera ser procesado judicialmente.
Un historial de violencia que no pudo ser juzgado
El proceso judicial también permitió reconstruir el papel de Santiago Alfonso Sabalza García, quien fue señalado como el autor intelectual del feminicidio. Sabalza García era pareja sentimental de Darley María Guzmán Pérez, pero al momento del crimen ya no convivían. Según los testimonios recogidos por las autoridades, la relación había estado marcada por episodios de violencia de género, lo que llevó a que Darley interpusiera denuncias formales y solicitara medidas de alejamiento.
De acuerdo con el expediente, Sabalza García habría perseguido a la víctima en varias ocasiones, presuntamente motivado por una deuda económica que reclamaba. Testigos afirmaron que Darley había sido amenazada previamente, aunque estas versiones no pudieron ser contrastadas judicialmente debido al fallecimiento de Sabalza en 2020, por complicaciones de salud relacionadas con el cáncer.
La justicia no pudo avanzar en su proceso penal, pero su nombre quedó registrado en el expediente como el presunto instigador del crimen. Las autoridades reiteraron que, aunque no se pudo formalizar una imputación, los elementos recopilados apuntan a una planificación previa en la que Sabalza habría tenido un rol determinante.
Captura, libertad y condena
Yepes Genes, autor material, fue capturado en febrero de 2021, tras una investigación que incluyó testimonios, análisis de cámaras de seguridad y reconstrucción de los hechos. No obstante, en 2022 fue dejado en libertad por vencimiento de términos, lo que generó preocupación entre los familiares de la víctima y organizaciones defensoras de derechos humanos y gremios feministas.
A pesar de su liberación, el proceso judicial continuó. La Fiscalía logró reunir pruebas suficientes para demostrar su responsabilidad directa en el crimen, lo que permitió que el juzgado emitiera la condena este 12 de agosto. La orden de captura sigue vigente, y las autoridades han reiterado su compromiso de ubicar y detener al condenado para que cumpla la pena impuesta.
Justicia con retraso, pero con firmeza
La familia de Darley María Guzmán Pérez ha recibido la sentencia como un paso importante en la búsqueda de justicia, aunque persiste la preocupación por la falta de captura. “La condena es un avance, pero necesitamos que se haga efectiva. Nada nos va a devolver a Darley, pero que lo encuentren y que pague por lo que hizo”, expresó una fuente cercana al entorno familiar.
El caso, que permaneció en la memoria de la comunidad local y del barrio durante años, vuelve a cobrar relevancia con esta decisión judicial. Organizaciones sociales han insistido en que este tipo de crímenes no deben quedar impunes y que se deben fortalecer los mecanismos de protección para las mujeres en riesgo.