Auditoría reveló precariedades en la alimentación, desatención médica de los internos y rezagos en infraestructura.
Las pacientes oncológicas del Buen Pastor llevan varios meses sin recibir quimioterapia. En La Picota, hay más de 300 procedimientos médicos represados y en otros centros penitenciarios se reportan retrasos en la entrega de medicamentos vitales para personas con enfermedades crónicas.
Por esta y otras precariedades intramuros, la Contraloría concluyó que el Estado colombiano no ha cumplido las órdenes de la Corte Constitucional frente a la crisis penitenciaria. Así lo reveló la más reciente auditoría de cumplimiento a la Uspec y al Inpec –a la que tuvo acceso EL TIEMPO–, que detectó irregularidades por 78.493 millones de pesos.
Estos malos manejos de recursos se traducen en el deterioro de las condiciones básicas de la población carcelaria: el agravamiento del estado de salud de los internos, alimentos en condiciones insalubres y fallas graves en la seguridad, producto de contratos de infraestructura inconclusos que podrían facilitar fugas, como la ocurrida en El Pedregal, en Medellín, en agosto del año pasado.
Desatención médica
La prestación de servicios de salud tiene comprometida la vida de los privados de la libertad. Uno de los aspectos más críticos es la falta de oportunidad en la atención. Se evidencian retrasos significativos en la programación y ejecución de consultas médicas generales y especializadas, así como en la realización de exámenes diagnósticos fundamentales como ecografías, radiografías, pruebas de laboratorio, entre otros.
En la visita técnica al Buen Pastor, se halló que las internas con diagnóstico de cáncer llevan varios meses sin atención en el Instituto Nacional de Cancerología por falta de convenio con esa entidad y con la Fiduprevisora.
En La Picota, se registró un represamiento de 316 procedimientos médicos, entre ellos: primeras consultas con especialistas, controles, toma de exámenes especializados, radiografías, tomografías, curaciones y aplicación de inyecciones. Además, se reportan pendientes en la atención de personas con diagnóstico positivo para VIH.
La situación para quienes padecen patologías mentales también es deficiente. Actualmente, solo hay dos pabellones psiquiátricos habilitados en todo el sistema penitenciario nacional para su tratamiento y custodia: uno en la cárcel La Modelo, en Bogotá, y otro en el Establecimiento Penitenciario de Cali, en el Valle del Cauca.
Adicionalmente, la entrega de medicamentos presenta fallas recurrentes, tanto en términos de oportunidad como de cobertura. Se reportan casos en los que los tratamientos no llegan a tiempo o no son entregados de forma completa, y se identificaron malos manejos de medicamentos vencidos.
Infraestructura riesgosa
El Auto 1745 del 21 de octubre de 2024 había fijado como plazo el 21 de abril de este año para terminar obras de infraestructura que permitieran ampliar los cupos o mejorar las condiciones de bienestar y custodia en los centros penitenciarios. Sin embargo, de acuerdo con el informe, ninguna fue finalizada ni entregada.
“Se tienen 4.783 cupos inhabilitados por retrasos en la construcción del nuevo Eron (Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional) en Pereira y Sábanas de San Ángel, y demoras en la entrada en operación de la infraestructura modular en Itagüí y un sector de ampliación en Buga. Las estructuras para alojamiento de guardias en Ipiales y Girón fueron suspendidas”, detalló la Contraloría.
Por ejemplo, en El Pedregal, en Medellín, se reportó un grave riesgo de seguridad por el colapso de la malla perimetral. La estructura metálica, cuya intervención estaba contemplada en el Contrato n.º 404 de 2021, no fue reparada. En una visita realizada por la Contraloría el 9 de abril de 2025, se constató que tanto el muro como la malla continúan caídos, lo que ha permitido el ingreso de civiles al penal y facilitado fugas, como ocurrió en el segundo semestre de 2024.
Estas fallas en la infraestructura, que comprometen las medidas de reclusión, se replicaron en La Picota, en Bogotá, donde actos vandálicos soltaron los marcos de las ventanas y desmontaron los vanos que sostenían las luminarias internas, “lo que ha permitido la fuga de personas privadas de la libertad por estos espacios”, se lee en el informe.
A esto se suma la sobreocupación estructural. En visitas recientes a los centros penitenciarios La Modelo, La Picota y El Buen Pastor, en Bogotá, así como a las cárceles de Itagüí, El Pedregal, La Dorada y Puerto Triunfo, se comprobó que todos superan su capacidad instalada, configurando una grave situación de hacinamiento.
Insalubridad
En el componente de alimentación, la auditoría expuso “falencias relacionadas con el estado físico y diseño sanitario de las cocinas, los centros externos de producción y vehículos transportadores de alimentos”. Los hallazgos revelan pésimas condiciones en, por ejemplo, la cadena de frío, generando factores de riesgo y focos de insalubridad.
En la cárcel Modelo, para la muestra, se observaron malas prácticas higiénicas y deficiencias en la implementación del sistema de almacenamiento, identificación y rotulado de los alimentos. Así mismo, pisos agrietados, presencia de palomas en el área externa del rancho y materiales en desuso y escombros acumulados.
Centros transitorios
En el 100 % de las URIs y estaciones de policía inspeccionadas se identificaron graves deficiencias en las condiciones de habitabilidad de los internos, niveles críticos de hacinamiento, la falta de una alimentación adecuada –por la que recientemente la Corte Constitucional le pidió a la Uspec seguir ofreciendo el servicio, pese a que este debería estar en manos de los entes territoriales–, y limitaciones en el acceso a la justicia.
Personas condenadas permanecen recluidas en estos centros transitorios, lo cual representa un incumplimiento directo de las órdenes impartidas en el marco del Estado de Cosas Inconstitucional que exigían su traslado.
Entre las irregularidades administrativas, la Contraloría puso el ojo en el acceso a la justicia. En este capítulo, encontró problemas de conectividad en las salas de audiencias, sumados a la escasez de equipos, lo cual implica reprogramaciones constantes que impactan directamente en el proceso judicial de los privados de la libertad y en la congestión del sistema.