La iniciativa, impulsada por el vicepresidente José Manuel Restrepo, busca promover el relevo generacional en el sector público, mientras sindicatos y organizaciones del magisterio expresan preocupación por el impacto laboral de la medida.

Aunque el Gobierno ha señalado que los derechos pensionales adquiridos estarán plenamente garantizados, la propuesta ya genera preocupación entre sindicatos, organizaciones del sector educativo y representantes del magisterio, quienes advierten sobre las posibles consecuencias de la medida para los trabajadores pensionados que permanecen activos.

Hasta el momento no se conoce el texto definitivo del decreto. Sin embargo, uno de los puntos centrales de la discusión está relacionado con la edad de retiro forzoso de los funcionarios públicos, que fue modificada por la Ley 1821 de 2016, al pasar de 65 a 70 años.

De acuerdo con los lineamientos de Función Pública, el empleado que haya cumplido o cumpla los requisitos para acceder a la pensión de jubilación y cuente con la respectiva resolución de reconocimiento, o tenga el trámite en curso, puede acogerse voluntariamente a la posibilidad de permanecer en el cargo hasta los 70 años.

La entidad explica que esta opción debe ser informada al empleador para que se postergue el pago de la respectiva pensión, y que, en ese escenario, la entidad debe respetar la decisión voluntaria del empleado.

El eventual decreto abriría así un nuevo debate sobre la permanencia de funcionarios pensionados en el Estado, particularmente en sectores como el educativo, donde existe un número importante de trabajadores que continúan vinculados laboralmente pese a haber cumplido los requisitos para pensionarse.

Mientras el Gobierno avanza en la elaboración de la norma, se espera conocer su contenido definitivo para establecer a quiénes aplicaría el retiro forzoso, bajo qué condiciones y cuáles serían las excepciones, además de precisar el alcance que tendría frente a los docentes y demás servidores públicos.