Según el comunicado oficial, el esquema permitirá contratar directamente los excedentes de energía generados por fuentes limpias como la solar.
En una decisión que podría aliviar el bolsillo de miles de usuarios en la región Caribe, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) aprobó un esquema de contratación diferencial para las empresas intervenidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, como es el caso de Air-e.
La medida busca reducir la exposición de los usuarios residenciales, comerciales y pequeños industriales a la volatilidad de la bolsa de energía, una de las principales causas de las fluctuaciones en las tarifas.
Según el comunicado oficial, este esquema permitirá que Air-e contrate directamente —y a precios justos— los excedentes de energía generados por plantas hidroeléctricas y fuentes limpias como la solar. Cada kilovatio adicional de generación hídrica podrá destinarse directamente a los usuarios de la región Caribe, lo que, en teoría, garantizaría mayor estabilidad y tarifas más equitativas.
Un alivio que necesitaba la región
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, aseguró que esta decisión refleja el compromiso del Gobierno Nacional con los hogares y pequeños negocios de la costa Caribe. “Queremos tarifas más estables, justas y alejadas de la incertidumbre que genera la bolsa de energía”, afirmó.
La medida será enviada a la Superintendencia de Industria y Comercio para su análisis de competencia, como parte del proceso regulatorio. El Gobierno insiste en que esta decisión reafirma su propósito de proteger el bolsillo de los usuarios y avanzar hacia un sistema eléctrico más equitativo y sostenible.
Sin embargo, el anuncio llega en medio de una relación aún tensa entre los usuarios y la empresa Air-e, que no ha logrado reconciliarse del todo con la ciudadanía desde que asumió el servicio tras la liquidación de Electricaribe. Aunque la intervención estatal buscaba mejorar la calidad del servicio y la transparencia en la gestión, las quejas por cobros excesivos, cortes injustificados y deficiencias en la atención continúan siendo frecuentes en municipios como Soledad, Barranquilla, Santa Marta y Riohacha.
En los últimos años, la región Caribe ha sido escenario de protestas, bloqueos y denuncias por parte de líderes comunitarios, personerías y usuarios que consideran que el servicio sigue siendo costoso y poco confiable. La volatilidad de la bolsa de energía, sumada a decisiones internas de la empresa como la recuperación acelerada de la opción tarifaria, ha generado aumentos significativos en las facturas, especialmente en sectores vulnerables.
¿La medida es garantía de reducción del servicio?
Aunque el nuevo esquema de contratación podría representar un alivio, persisten dudas sobre su implementación y efectividad. ¿Será suficiente para reducir las tarifas de manera sostenida? ¿Qué mecanismos de control garantizarán que los beneficios lleguen realmente a los usuarios? ¿Cómo se evitará que los errores del pasado se repitan?
Lo cierto es que para que el nuevo esquema de contratación tenga un impacto real en la reducción sostenida de las tarifas, será clave la implementación de mecanismos de supervisión que garanticen transparencia en los acuerdos entre las empresas intervenidas y los generadores de energía. La contratación directa de excedentes hídricos y solares, si se realiza bajo criterios técnicos y financieros claros, podría permitir precios más competitivos que los de la bolsa, donde la volatilidad ha castigado históricamente a los usuarios del Caribe.
Sin embargo, el éxito de esta medida dependerá también de la capacidad institucional de la Superintendencia para vigilar que los beneficios no se diluyan en costos operativos o decisiones empresariales que prioricen la rentabilidad sobre el servicio. Evitar los errores del pasado implica no solo cambiar el modelo de compra, sino también fortalecer la interlocución con los usuarios, mejorar la infraestructura de distribución y garantizar que las decisiones regulatorias respondan a las condiciones particulares de la región, donde el acceso a la energía sigue siendo desigual y, en muchos casos, precario.
Por ahora, el anuncio del Gobierno abre una nueva etapa en la discusión sobre el modelo energético en la costa Caribe. Una región que, más allá de los decretos y promesas, sigue esperando que la energía deje de ser un privilegio y se convierta en un derecho garantizado con calidad, continuidad y justicia tarifaria.