Según la carta firmada por Edwin Palma, la medida aliviaría los precios en el cobro de las tarifas del servicio público.
Al despacho del gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, llegó hace unos días una carta firmada por Edwin Palma, agente interventor de la empresa de energía de la costa Air-e.
En la misiva se le pide a Verano de la Rosa que se revise el cobro de la llamada tasa de seguridad y convivencia ciudadana que se viene cobrando en las facturas de energía y que se destina para la construcción de espacios públicos, optimizar alumbrado público y fortalecer redes de seguridad.
La solicitud de Air-e
Se tuvo acceso a la carta que Palma le envió al gobernador del Atlántico, en la que se asegura que «se han identificado posibles vulneraciones a principios fundamentales consagrados en la constitución política y a los principios de legalidad, autonomía, justicia y equidad tributaria».
Además, se propone crear mesas de trabajo entre la intervenida Air-e y la Gobernación del Atlántico, con el objetivo de hacer una revisión integral de la manera en que el departamento ha estructurado el cobro de la tasa.
Según la carta de Air-e, la tarifa fijada a los usuarios del servicio de energía, especialmente a los industriales y comerciales, genera una carga desproporcionada que afecta la competitividad de estos sectores.
«Los tributos deben ajustarse a la capacidad económica de los contribuyentes y no generar distorsiones que comprometan el desarrollo económico regional«, se lee en la misiva.
¿Qué dice Verano de la Rosa?
De hecho, aunque el tema de la eliminación de esa tarifa ya se había puesto sobre la mesa, Palma fijó fecha para que se inicien los diálogos en torno al caso.
En efecto, Air-e convocó a Verano de la Rosa para el próximo martes 17 de diciembre a las dos de la tarde.
Al respecto, Verano de la Rosa ha sido enfático en que si el departamento deja de percibir estos recursos, será el Gobierno Nacional el que asuma las responsabilidades de invertir en materia de seguridad y construir espacios para la sana convivencia.
Según el gobernador, el tema es un asunto delicado porque dice que lo que está en juego son las inversiones que suman a la seguridad de los ciudadanos.
Desde la gobernación del Atlántico se ha insistido en que el cobro de la tasa está fundamentado en la ley y en ordenanzas departamentales.