Los hechos fueron denunciados a la Fiscalía General y la Procuraduría.

El Ministerio de Justicia informó que adelanta indagaciones por presuntos hechos de corrupción en el proceso de expedición y renovación de los certificados de carencia, documentos obligatorios para habilitar a personas naturales y jurídicas en la producción, almacenamiento y comercialización de sustancias químicas controladas, incluidos algunos precursores.

Según explicó el ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, estas funciones se ejercen “en el marco de la Ley 30 de 1986 y demás normas que la adicionan y modifican”, a través del área de Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y Estupefacientes, encargada de tramitar los certificados que acreditan la ausencia de antecedentes de los solicitantes.

Los hechos salieron a la luz durante el proceso de empalme interno que se adelanta en el Ministerio. De acuerdo con la información conocida por la Oficina de Control Disciplinario Interno, existirían “presuntos hechos de corrupción que se habrían presentado desde septiembre del año 2024 en el proceso de expedición y/o renovación de certificados de carencia”, los cuales estarían relacionados con “prácticas corruptas al exigir dinero o dádivas por dichos trámites”.

El Ministerio señaló que tuvo conocimiento directo del caso a partir de la denuncia presentada por uno de los afectados en septiembre de 2025. Como consecuencia, se decidió trasladar la información a la Fiscalía General de la Nación.

En esa comunicación, el Ministerio solicitó a la fiscal general la designación de un fiscal y un equipo de investigadores. Según el documento, la petición busca “poderles entregar por parte del área competente las pruebas recaudadas hasta el momento”, dada la presunta gravedad de los hechos.

De manera paralela, el Ministerio también acudió a la Procuraduría General de la Nación y solicitó “disponer lo necesario para ejercer la vigilancia preventiva de la función pública inherente a las actuaciones llevadas a cabo en el proceso relativo al Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y Estupefacientes”.