La pugna territorial reconfigura el desarrollo urbano en el norte del departamento del Atlántico. Conozca los pormenores de la decisión del Consejo de Estado que revivió las tensiones.
La disputa por el control administrativo del Corredor Universitario ha revivido tensiones históricas entre Barranquilla y el municipio costero de Puerto Colombia, en el área metropolitana.
La reciente decisión del Consejo de Estado, que anuló la ordenanza departamental del Atlántico de 2009, tiene a las administraciones de ambas localidades evaluando sus implicaciones jurídicas y económicas.
El Corredor Universitario es más que una vía de conexión entre la capital del Atlántico y Puerto Colombia. Con aproximadamente 1.402 hectáreas, esta franja alberga importantes instituciones educativas, establecimientos comerciales, clubes sociales y villas residenciales.
Además, su ubicación estratégica ha impulsado proyectos de desarrollo urbano de gran envergadura, como Ciudad de Mallorquín, donde se planea construir 18.000 apartamentos.
Impacto económico y desarrollo urbano
El pleito territorial no solo tiene implicaciones jurídicas, sino también económicas. Los impuestos de Industria y Comercio generados por los negocios asentados en el Corredor Universitario, así como el impuesto predial del creciente sector residencial, representan millonarios recursos fiscales. La decisión de reasignar esta franja a Barranquilla podría redefinir el flujo de ingresos fiscales y afectar la planificación urbana de Puerto Colombia.
Actualmente, la construcción de una nueva vía busca mejorar la movilidad de los habitantes y potenciar el comercio en esta zona clave para el desarrollo del Atlántico.
Las inversiones en infraestructura también apuntan a consolidar esta franja como un polo de desarrollo que conecte de manera eficiente a Barranquilla con el litoral.
Las preguntas hoy es ¿quién cobrará los tributos en esta zona?
El origen del conflicto jurídico
La controversia se originó en diciembre de 2009, cuando el ciudadano Alexander Polo Del Vechio interpuso una demanda que cuestionaba la validez de la ordenanza departamental que fijaba los límites entre Barranquilla y Puerto Colombia.
El Tribunal Administrativo del Atlántico falló en primera instancia a su favor en 2016, declarando la nulidad de la ordenanza. Esta decisión fue confirmada recientemente por el Consejo de Estado.
Reacciones encontradas
La administración de Puerto Colombia respondió con firmeza, afirmando que el fallo no cambiará la configuración territorial del municipio. Argumentó que el Consejo de Estado carece de competencia para definir límites entre entes territoriales, una facultad que corresponde exclusivamente al Congreso de la República, según la Ley 1617 de 2013.
El municipio mantiene control administrativo, fiscal y jurídico sobre su territorio. Estaremos preparados para defender los intereses de los porteños