Hay un edificio en el parque de la 93, un hotel en la calle 100 y una finca de $ 150.000 millones. Fiscalía dice que el caso está vivo y asignó cinco fiscales para darle celeridad.
En las próximas semanas, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) podría recibir un golpe financiero cercano a los dos billones de pesos, en caso de que prosperen una serie de recursos legales en los que se pide que devuelva 303 lujosos bienes ubicados en Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena y otras 10 ciudades principales e intermedias.
El proceso, que incluso ha desencadenado recientes reuniones de la cúpula de la Dirección de Extinción de Dominio de la Fiscalía, está relacionado con la reclamación de 46 personas que aseguran que adquirieron de manera legal las propiedades y que tienen cómo probar el origen lícito de los recursos.
La megafortuna
Bajo la advertencia de que los actuales explotadores y administradores de los bienes no tienen responsabilidad alguna en el caso y se trata de terceros de buena fe, entre los predios que se vienen reclamando está un magnífico edificio ubicado en la carrera 13 con calle 93, donde hoy funciona un reputado bar de apuestas deportivas.
Además, el hotel ubicado en la calle 100 con carrera 13, norte de Bogotá; un apartamento en Soho 94, en el exclusivo sector de Chicó, y una oficina en el edificio Torre Central, en la avenida El Dorado.
En el listado de bienes, además, figuran la finca Tibira, de 119 hectáreas; la hacienda El Tirol, de 43 hectáreas; Cañada Honda, de 32, y Aranjuez 1 y 2, de 69 hectáreas, todas ubicadas en Chocontá. Además, haciendas cafeteras y ganaderas en el Valle y en Antioquia y otras propiedades en la costa Caribe.
Cuando arrancó el proceso de extinción de esos bienes, el 6 de mayo de 2013, estaban avaluados en 2 billones de pesos, y aunque aún no hay un fallo judicial que ordene la extinción del dominio a favor del Estado, algunos ya se encuentran en proceso de enajenación temprana (venta),
La sombra del capo
Según registros públicos, los actuales dueños son empresarios, hacendados y hasta médicos. Pero para la Fiscalía 12 especializada es claro que tienen un hilo conductor: el señalado narcotraficante Ignacio Álvarez Meyendorff y su núcleo familiar.
En los 90, aparecía como uno de los miembros del extinto cartel del norte del Valle, en donde era conocido con el alias del Gran Hermano. Después de pagar condena en Estados Unidos, regresó a Colombia, a mediados de 2017, y empezó a preguntar por el expediente que tenía abierto en extinción de dominio.
A través de sus apoderados, Álvarez Meyendorff comenzó a interponer todo tipo de recursos legales para que los bienes sean devueltos, con el argumento de que cuando los adquirió y transfirió a otras personas no estaba ni vinculado al narcotráfico ni investigado por esa conducta.
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De hecho, las 46 personas que aparecen en cabeza de los bienes entregaron contabilidades y análisis para demostrar, según dicen, que el origen de los dineros con los que se transaron las propiedades son legales.
Pero la defensa del señalado capo va aún más allá. Y asegura que dentro del proceso de extinción se han cometido irregularidades que han puesto en conocimiento tanto de la Fiscalía como del Tribunal Superior de Bogotá, sin que pase nada.
Reunión con la cúpula
Entre otras supuestas anomalías, señalan que las personas vinculadas al proceso de extinción nunca fueron notificadas debidamente para que ejercieran su derecho a la defensa y que uno de los fiscales que han tenido el caso habría admitido que se trató de un error.
“De manera inexplicable e ilegal han ampliado plazos para que se subsanen errores dentro del proceso e ilegalidades. Incluso hemos denunciado que para mantener vivo el proceso de extinción de dominio se revivió otro de supuesto lavado de activos que, según la base de datos de la Fiscalía, ya estaba archivado por inexistencia del hecho”, le dijo a este medio la defensa de Ignacio Álvarez Meyendorff.
Y asegura que incluso fueron llamados a una reunión el pasado 4 de septiembre, en el búnker de la Fiscalía, para tratar el tema.
Al respecto, Este Medio conoció un correo en el que, en efecto, aparecen emplazándolos, por instrucción del Director Nacional de Extinción del Derecho de Dominio, José Iván Caro Gómez, y del fiscal 12 delegado de esa unidad, José Uriel Acero García.
Sigue el pulso
Y la defensa exhibe una tutela que llegó a manos del magistrado de la Corte Suprema Diego Eugenio Corredor, quien ordenó a la Fiscalía, el 3 de junio de 2021, que se pronunciara de fondo en un término de 12 meses con respecto a la procedencia o improcedencia del proceso de extinción, tras considerar que “hubo un desbordamiento del plazo razonable”.
Sin embargo, el 28 de agosto de 2023, ya habiéndose cumplido el término establecido por la Corte, hubo otra decisión. A través de un fallo de tutela, un magistrado de la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá otorgó un plazo adicional a la Fiscalía de tres meses para que culminara la etapa de notificaciones del proceso.
Por eso, la defensa de Álvarez Meyendorff, en cabeza de la penalista Elisa Peña, interpuso un incidente de desacato contra el fiscal 12 de extinción de dominio, teniendo en cuenta que se había cumplido la prórroga otorgada por Tribunal Superior de Bogotá y la Fiscalía 12 no se había pronunciado de fondo sobre el caso.
