– Su detención ha sacudido la opinión pública y el ámbito notarial de la ciudad.
La dependencia era investigada por presunta falsificación de documentos para favorecer a bandas criminales.
La reciente captura de Ana Dolores Meza Caballero, quien se desempeñaba como notaria Segunda del Círculo de Barranquilla, ha sacudido la opinión pública y el ámbito notarial de la ciudad.
Su detención se produce en el marco de una investigación por un presunto escándalo de robo de tierras, que involucra a una gran cantidad de funcionarios en un delito que genera gran preocupación por la seguridad jurídica y la confianza en las instituciones.
Aunque la información detallada sobre las acusaciones específicas y las pruebas que sustentan su captura aún está en desarrollo por parte de las autoridades competentes, la figura de Ana Dolores Meza Caballero adquiere relevancia al ser la titular de una notaria de gran importancia en Barranquilla.
¿Quién es la notaria Meza Caballero y qué funciones cumplía?
Ana Dolores Meza Caballero, como notaria Segunda del Círculo de Barranquilla, tenía la responsabilidad de velar por el cumplimiento de la ley y la correcta formalización de los trámites que se realizaban en su despacho.
Meza Caballero tiene 66 años de edad, 49 años de servicio en el sector público y privado, 28 de los cuales han sido en el Notariado colombiano, 12 de ellos como notaria Primera del Círculo de Barranquilla y 16 en la Notaría Segunda del Círculo de Barranquilla.
Su presunta implicación en un esquema de robo de tierras genera interrogantes sobre la integridad de los procesos notariales en los casos investigados y la posible afectación a terceros. Su posición jerárquica dentro del sistema notarial de Barranquilla subraya la gravedad de las acusaciones en su contra.
Lo que se conoce tras la captura de la notaria
La detención de Ana Dolores Meza Caballero por detectives de la Sijín, ha desenterrado un preocupante historial de investigaciones que el año anterior ya habían puesto bajo la lupa a su dependencia, ubicada en el centro de la ciudad.
En abril de 2024, la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales (Decoc) de la Fiscalía General de la Nación capturó a Augusto Osorio Berdugo, notario encargado de esa dependencia, quien había renunciado en julio de 2021 para disfrutar de su pensión de vejez.
Según lo expuesto por las autoridades en audiencias preliminares, este funcionario habría utilizado su puesto en la Notaría Segunda para favorecer a presuntos integrantes de estructuras criminales en la falsificación de documentos públicos, con el objetivo de despojar de sus tierras a legítimos propietarios.
En su momento, la Fiscalía logró establecer que este notario suplente, en complicidad con el abogado Ever Edinson Castro Miranda, y Diana Patricia Molina Barraza, habría facilitado maniobras fraudulentas desde la Notaría Segunda en favor de miembros del ‘clan del Golfo’ y de la organización criminal ‘los Costeños’ entre los años 2018 y 2023.
Estas acciones ilícitas buscaban despojar a los dueños de «inmuebles estratégicos».
Las pesquisas de la Fiscalía incluso revelaron la existencia de material probatorio que sugería nexos entre los investigados y figuras criminales de alto calibre como Omar Alexander Ladino Vargas, alias el Señor del Portafolio, presunto cabecilla de ‘los Costeños’ señalado por el ente acusador como uno de los mayores despojadores de tierras en Atlántico, Córdoba y Antioquia (actualmente prófugo). También se encontraron vínculos con Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, quien en la actualidad está tras las rejas.
La Notaría Segunda aparece vinculada en otra investigación. Autoridades revelaron un antecedente inquietante. Uno de los individuos detenidos en la investigación del año 2024 ya había sido objeto de escrutinio en 2020 por su presunta participación en un elaborado plan para simular la muerte de Jorge Eliécer Torres, alias Plástico, un notorio cabecilla del ‘clan del Golfo’ reconocido por sus esfuerzos para modificar su apariencia y eludir a las autoridades.
La conexión de este detenido con alias Plástico se estableció gracias a que, presuntamente, se obtuvo desde la Notaría Segunda de Barranquilla un acta de defunción apócrifa, fechada en septiembre de 2020. Este documento falso certificaba la presunta muerte en un accidente de tránsito, de Jorge Eliécer Torres, en el municipio de La Apartada, Córdoba.
Los cargos que enfrentaría la notaria segunda
Según las investigaciones, Meza Caballero enfrentaría cargos por peculado por apropiación, prevaricato por omisión, asociación para la comisión de delitos contra la administración pública y urbanización ilegal.
Estas son algunas de las mismas acusaciones que se imputaron a los 17 detenidos en los operativos realizados en Barranquilla, Soledad y Cereté (Córdoba), lo que sugiere una posible continuidad y conocimiento de las actividades ilícitas que se gestaban desde su despacho notarial.
La Fiscalía Octava contra la Corrupción de Bogotá lidera el proceso judicial y presentó ante el Juzgado Penal Municipal con Función de Control de Garantías Ambulante de Barranquilla los elementos materiales probatorios recabados contra los primeros implicados.
En la audiencia de legalización de captura, llevada a cabo el pasado 15 de abril, el juez Ángel Monroy avaló la detención de 16 de los 17 capturados.
Entre los judicializados se encuentran Juan Manuel Ucrós Ucrós, exregistrador de Instrumentos Públicos de Soledad; Andrés Díazgranados, asesor jurídico de la Alcaldía de Soledad; y Francisco Mejía, notario de Santo Tomás. También figuran abogados, tramitadores, exinspectores de Policía y supuestos poseedores irregulares, quienes habrían participado en una red articulada para sustraer tierras públicas con fines comerciales.
Sin embargo, el juez declaró ilegal la captura de Marlon Mora Montesino, inspector de Policía, debido a un error de redacción en la orden judicial.
Las audiencias continuarán esta semana, cuando se espera que la Fiscalía avance en la formulación de imputaciones.
El presidente Gustavo Petro se refirió recientemente al proceso, señalando que esta red criminal será desmantelada por completo. Anunció que se preparan otras 16 imputaciones, con lo cual se elevaría a 33 el número total de personas judicializadas.
Los predios comprometidos suman cerca de 277.000 metros cuadrados, con un avalúo comercial estimado en más de 22 mil millones de pesos.