La Fiscalía apeló la decisión que favorece al presunto cabecilla de Los Pepes, procesado por 17 homicidios. Policía revisa su situación jurídica.
En medio de una creciente polémica judicial, el Juzgado 102 Penal Municipal con Función de Control de Garantías Ambulante de Barranquilla concedió este viernes detención domiciliaria a Digno José Palomino Rodríguez, señalado cabecilla de la organización criminal Los Pepes. La decisión se produjo después de que, en un primer momento, se le hubiese ordenado la detención en centro carcelario.
La variación en la medida obedece a un fallo del Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento, que resolvió una apelación de la defensa y anuló la decisión inicial por graves errores de motivación. Según la jueza de segunda instancia, Sheila Tatiana Ortega, la resolución que ordenaba cárcel adolecía de “ausencia absoluta de motivación, motivación incompleta y deficiente”.
En la audiencia, la togada señaló que el juez de garantías William Saleme había iniciado la sustentación de la medida “en el elemento subjetivo cuando debió hacerlo en la inferencia razonable”. Con base en esa nulidad, el proceso volvió al Juzgado 102, que terminó sustituyendo la medida intramural por detención domiciliaria.
Argumentos judiciales y choque con la Fiscalía
El juez justificó su decisión en que la Fiscalía no demostró cómo Palomino habría adquirido medios electrónicos desde prisión para ordenar homicidios. Agregó que, de acuerdo con los elementos materiales probatorios, la medida menos gravosa e idónea era la detención en casa.
La Fiscalía reaccionó con una apelación inmediata, argumentando que sí entregó pruebas que vinculan a Palomino con la estructura criminal Los Pepes y con al menos 17 homicidios en 11 eventos distintos. Para el ente acusador, no es necesario que el imputado haya accionado un arma directamente para que pueda atribuírsele responsabilidad en esos crímenes.
Mientras tanto, la Policía revisa su situación jurídica, dado que Palomino continúa vinculado a otros procesos penales que podrían impedir que recupere la libertad de manera inmediata.
Perfil de un jefe criminal y sus movimientos recientes
Digno José Palomino Rodríguez es señalado como uno de los principales cabecillas de Los Pepes en Barranquilla. Está procesado por homicidio y concierto para delinquir agravado, con imputaciones que lo relacionan con múltiples hechos violentos en la capital del Atlántico.
En paralelo a su situación judicial, Palomino ha buscado un espacio en los diálogos de la “paz total” del Gobierno. El pasado 7 de julio, desde la cárcel La Dorada (Caldas), envió una carta al presidente Gustavo Petro y a la senadora Isabel Zuleta, expresando su interés en sumarse a la propuesta de diálogo urbano impulsada por alias Pipe Tuluá. En ese documento ofreció actuar como intermediario entre el Estado y jóvenes vinculados a estructuras criminales en el Atlántico.
La coincidencia entre su intención de sumarse a un proceso de negociación y el reciente beneficio judicial genera inquietudes entre autoridades y ciudadanos, que temen que el presunto jefe de Los Pepes pueda regresar a las calles en medio de un proceso aún no resuelto en firme.
Un fallo bajo la lupa
La decisión judicial de concederle detención domiciliaria ha generado debate en Barranquilla, no solo por la gravedad de los cargos que enfrenta Palomino, sino también por los cuestionamientos a la solidez de las resoluciones en primera instancia.
La Procuraduría y las autoridades de control disciplinario podrían revisar el caso para determinar si los errores advertidos en la motivación de la medida original constituyen faltas que ameriten sanciones. Por ahora, el proceso seguirá en curso mientras se resuelve la apelación de la Fiscalía y se determina si Palomino permanecerá privado de la libertad en centro carcelario o en su lugar de residencia.
En cualquier escenario, el caso de Digno Palomino evidencia la tensión permanente entre las garantías procesales y la necesidad de dar respuesta judicial a hechos de violencia urbana que afectan de manera directa a la seguridad ciudadana en Barranquilla y el Atlántico.