Habitantes de Galapa y Sabanagrande reclaman que la exención aplicada en Turbaco se extienda al Atlántico mientras avanza la reversión del corredor
Las estaciones de peaje de Galapa y Sabanagrande, en el Atlántico, volvieron a convertirse en escenario de protesta ciudadana. En las últimas horas, integrantes de la comunidad levantaron nuevamente las talanqueras, permitiendo el paso libre de vehículos, como medida de presión frente a lo que consideran un trato desigual por parte del Gobierno Nacional en el proceso de terminación de la concesión vial Barranquilla–Cartagena.
Ambas estaciones hacen parte de las seis casetas que integran el corredor de carga administrado por la concesión Autopistas del Caribe, cuyo contrato entró en etapa de revisión y liquidación desde el pasado 2 de enero, con miras a la entrega definitiva del proyecto al Invías. Sin embargo, pese al anuncio oficial de la finalización anticipada del contrato, el cobro del peaje continúa vigente en la mayoría de puntos.
La inconformidad se intensificó luego de las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien aseguró que con la terminación del contrato de la Ruta Caribe se habían “eliminado siete peajes en la Costa Atlántica”. Para los habitantes del Atlántico, esa afirmación no se ha traducido en hechos concretos en su territorio.
El reclamo: mismas condiciones para Atlántico y Bolívar
El detonante de las recientes protestas fue la decisión de aplicar una exención tarifaria para las categorías 1 y 2 únicamente en el peaje de Turbaco, en Bolívar, mientras que en los peajes del Atlántico el cobro se mantiene para todos los vehículos. La comunidad considera que esta medida vulnera el principio de igualdad entre los municipios impactados por el mismo corredor vial.
“Si el contrato está en proceso de liquidación y el corredor será entregado al Invías, no entendemos por qué en Turbaco sí hay tarifa cero para carros y motos, y en Galapa y Sabanagrande no”, expresó Rubén Llanos, vocero del comité ciudadano No al Peaje. Según explicó, la exigencia no es solo la suspensión del cobro, sino también el desmonte definitivo de las casetas antes de que concluya el proceso de reversión.
De acuerdo con los líderes comunitarios, la fecha clave es el 21 de julio, plazo máximo establecido para la entrega total del corredor vial. Hasta entonces, sostienen, no debería mantenerse un esquema de recaudo que consideran injustificado, especialmente cuando el contrato que dio origen a esos peajes ya no está en plena ejecución.
Protesta pacífica y levantamiento de talanqueras
Durante la jornada de protesta, los manifestantes optaron por levantar las talanqueras de manera intermitente, permitiendo el tránsito de vehículos sin pago. La acción se desarrolló de forma pacífica, aunque generó congestión vehicular en algunos tramos del corredor, especialmente en horas pico.
Los participantes insistieron en que no se trata de una movilización aislada, sino de un reclamo sostenido que lleva años en el Atlántico. “Esto no es nuevo. Hemos pedido durante mucho tiempo una solución estructural al tema de los peajes, y ahora que el contrato se acaba, creemos que es el momento de corregir una inequidad histórica”, señalaron voceros del movimiento.
La comunidad también advirtió que, de no obtener respuestas claras por parte del Gobierno Nacional, las acciones de protesta podrían repetirse en los próximos días, siempre bajo el argumento de una defensa del derecho a la movilidad y a un trato equitativo frente a otros municipios del Caribe colombiano.
La posición de la concesión Autopistas del Caribe
Ante los hechos, la concesión Autopistas del Caribe emitió un pronunciamiento en el que aclaró que los peajes del corredor no han sido suspendidos ni desactivados oficialmente. Según la empresa, el recaudo continúa realizándose conforme a las disposiciones vigentes y a las directrices impartidas por el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).
La concesión precisó que el levantamiento de talanqueras registrado en Galapa y Sabanagrande no responde a una decisión administrativa, sino a acciones promovidas por movimientos ciudadanos que, según su versión, han actuado por fuera del marco legal, impidiendo de manera temporal el cobro del peaje.
“Estas situaciones no corresponden a una orden oficial ni a la desactivación de las estaciones. El proceso de recaudo sigue activo mientras se surte la reversión contractual”, señaló la concesión en su comunicado, al tiempo que reiteró que cualquier modificación en las tarifas o en la operación de los peajes debe ser definida exclusivamente por las autoridades competentes.
Un conflicto abierto en plena transición vial
El episodio vuelve a poner sobre la mesa la tensión social que rodea el sistema de peajes en el Caribe, especialmente en corredores estratégicos como el que conecta a Barranquilla con Cartagena. Para las comunidades, el anuncio del fin de la concesión abrió la expectativa de un alivio inmediato en los costos de movilidad; para las autoridades y la concesión, el proceso debe cumplirse bajo los tiempos y normas establecidas.
Mientras avanza la reversión del contrato y se acerca la fecha de entrega del corredor al Invías, el debate sigue abierto: ¿debe mantenerse el cobro hasta el último día del proceso o es viable aplicar medidas transitorias que igualen las condiciones entre los territorios? Por ahora, Galapa y Sabanagrande continúan a la espera de una respuesta que, aseguran, no puede seguir aplazándose.