Barranquilla. En una intervención sin precedentes, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada ordenó la suspensión de las licencias de operación de cinco empresas del sector, cuyas sedes principales se encuentran en Barranquilla, tras detectar graves presuntos incumplimientos a la normatividad vigente.

Según informó la entidad, la decisión obedece a hallazgos obtenidos durante operativos de inspección y control, en los que se identificaron posibles vínculos entre socios de una de las compañías intervenidas y estructuras delictivas que actualmente son objeto de investigación por parte de las autoridades competentes.

Las empresas afectadas son: Maximus Seguridad Privada Ltda., Seguridad Privada Lost Prevention Ltda., Atenas Seguridad Privada Ltda., Blink Seguridad Privada Ltda. y Ol Security Group Ltda.

Entre los hallazgos más relevantes se encuentran:

• Presuntas irregularidades en los sistemas de custodia, trazabilidad y control del armamento, que habría sido utilizado por estructuras criminales.

• Posibles nexos de socios con organizaciones delictivas.

• Omisiones en los procesos de selección de personal, incluyendo la vinculación de empleados con antecedentes penales por delitos de alto impacto.

• Fallas administrativas y contables, como deudas acumuladas desde 2013 con el Fondo de Vigilancia y la no presentación de estados financieros correspondientes al año 2019.

La Superintendencia informó que las empresas intervenidas operaban con 696 hombres en servicio, 21 vehículos y un arsenal compuesto por 483 armas (entre pistolas, revólveres y escopetas), distribuidas en los departamentos de La Guajira, Magdalena, Bolívar, Atlántico y Sucre.

Durante el proceso, la entidad solicitó al Departamento de Control de Comercio de Armas, Municiones y Explosivos (DCCAE), en coordinación con la Policía Nacional, la custodia provisional del armamento mientras se resuelve la situación jurídica de las empresas.

La Policía Metropolitana de Barranquilla, bajo la dirección del general Edwin Urrego, acompañó los procedimientos y habilitó espacios físicos para la custodia segura de las armas, garantizando la trazabilidad y el control del material bélico.

Por instrucciones del procurador general de la Nación, Juan Gregorio Eljach Pacheco, funcionarios de la Procuraduría acompañaron las diligencias como garantes del debido proceso y la transparencia institucional.

Con información de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.