La ruta definida será el primer termómetro de una rectoría que exige transparencia, cumplimiento y capacidad de ejecutar lo pactado.
La Universidad del Atlántico acordó el reinicio de actividades académicas para el 15 de enero de 2026, después de casi dos meses de paro y de una mesa de garantías en la que voceros de facultades avalaron —de manera parcial— el calendario presentado por el rector encargado, Rafael Castillo.
El esquema fija la culminación del semestre 2025‑II entre el 15 y el 24 de enero, los exámenes finales del 26 al 31 de enero, los supletorios del 27 de enero al 2 de febrero, las habilitaciones el 3 y 4 de febrero, y el cierre formal el 6 de febrero; el periodo 2026‑I arrancaría el 9 de marzo, con ajustes para recuperar actividades no realizadas durante el cese. La hoja de ruta quedó recogida en comunicaciones institucionales y notas locales que detallan la instalación de la mesa y el compromiso de acortar vacaciones para normalizar la vida académica.
La decisión forma parte de un plan de estabilidad que, según el rector encargado, busca reordenar lo académico y lo administrativo en un lapso cercano a 100 días, con flexibilidades que permitan evacuar clases, evaluaciones y trámites atrasados. En ese marco, la universidad también informó la llegada de $8.100 millones del Ministerio de Educación para apoyar la gratuidad, mientras gestiona recursos adicionales para proyectos académicos y operativos que quedaron rezagados por la parálisis.
En paralelo, el Consejo Académico había adoptado previamente un calendario especial para cerrar el 2025‑II, y autorizó la publicación de admitidos para 2026‑I, manteniendo así los procesos de acceso pese a la crisis que impactó la continuidad del servicio educativo.
La crisis por la rectoría
El porqué de estos ajustes se explica por la cadena de hechos que estalló en octubre de 2025, cuando el Consejo Superior designó a Leyton Barrios como rector en una sesión accidentada, con el retiro de cuatro consejeros —incluidos delegados del Gobierno Nacional— y advertencias sobre presuntas irregularidades procedimentales.
Aquella elección, realizada con cinco votos, provocó el paro indefinido en la mayoría de facultades, bloqueos, asambleas y un ambiente de alta tensión donde el Ejecutivo pidió revisar la hoja de vida y los requisitos del elegido, al tiempo que la comunidad universitaria cuestionaba la legitimidad de la sesión. El cuadro de gobernabilidad se degradó con rapidez y empujó a la institución a una suspensión prolongada de clases.
A esa controversia se sumaron nuevas presiones políticas y administrativas. El Ministerio de Educación intervino para ordenar el reemplazo del rector, y en diciembre oficializó la designación del rector encargado, Rafael Castillo, lo que desató otro frente: la Procuraduría pidió explicaciones por una suspensión disciplinaria de cuatro meses que estaría vigente, indagando por la presunta inejecución del fallo y solicitando soportes de aplicación.
En ese contexto, el debate jurídico sobre la habilitación del encargado para firmar actos y conducir la transición convivió con la urgencia de normalizar actividades esenciales, entre ellas calendarios y grados.
¿Pasar la página?
El punto crítico de esa transición se vivió in extremis el 19 de diciembre de 2025, fecha de la ceremonia de grados. A días del evento, graduandos denunciaron incertidumbre por logística, firma de títulos y confirmación del sitio, situación atribuida al vacío de mando y las decisiones en curso; la universidad, finalmente, realizó la jornada en el Pabellón de Cristal del Gran Malecón, con centenares de estudiantes en la primera sesión y con el rector encargado presidiendo el acto, pese a que persistían dudas y recursos en trámite.
Con el retorno a clases pactado para enero, la universidad busca cerrar el semestre 2025‑II y garantizar que el año 2026 tenga dos períodos completos, lo que implica recortes en vacaciones y una ejecución acelerada de exámenes, supletorios y digitación de notas. Esa normalización se apoya en decisiones del Consejo Académico y en acuerdos de la mesa de garantías, mientras se mantiene el compromiso de revisar —y, si es necesario, ajustar— los mecanismos de evaluación y los procesos de registro afectados por el paro.
Con la elección controvertida en octubre, sucedida del paro en ocho de diez facultades, mediada por la intervención del Ministerio con la designación del rector encargado y llegando a celebrar una ceremonia de grados al límite, parece que se avecina un reinicio. El nuevo calendario es un acuerdo de mínimos para recomponer lo académico, terminar el semestre, ordenar evaluaciones y estabilizar trámites.
En adelante, Uniatlántico tendrá que probar que puede administrar la normalidad. La mesa de garantías se concibió para blindar el cierre del 2025‑II y preparar el 2026‑I, pero la gobernabilidad aún atraviesa un periodo de examen público.