El empresario barranquillero emitió un comunicado y una orden formal de cese y desistimiento de la obra que considera de su autoría.
Barranquilla enfrenta una disputa legal y mediática en torno a uno de sus proyectos turísticos más ambiciosos: la instalación de una noria gigante en el Gran Malecón, anunciada por la Alcaldía como “La Luna del Río”. Mientras el empresario Samuel Tcherassi exige detener lo que califica como una “usurpación” de su obra, el Distrito continúa promocionando la atracción como parte de la transformación urbana de la ciudad.
El 14 de noviembre, Samuel David Tcherassi, empresario barranquillero, emitió un comunicado y una orden formal de cese y desistimiento dirigida al alcalde Alejandro Char, la Alcaldía de Barranquilla, Puerta de Oro y la empresa italiana Fabbri Group. Según el documento, Tcherassi es el titular exclusivo de las marcas “Luna”, “Luna de Barranquilla” y “Luna Park”, registradas ante la Superintendencia de Industria y Comercio, así como de los derechos de autor sobre las obras artísticas y arquitectónicas que dieron origen al proyecto.
El empresario sostiene que la iniciativa, concebida desde 2018 bajo el nombre “Luna Entertainment Park: Un tributo a la Luna de Barranquilla”, incluye una noria de 63 metros como elemento icónico del Gran Malecón. Afirma que la Alcaldía y sus aliados usurparon, replicaron y divulgaron indebidamente el proyecto, institucionalizándolo y presentándolo como propio, incluso con publicaciones oficiales en redes sociales.
“Todos en Barranquilla saben quién creó este proyecto y saben que está protegido. Lo que ha ocurrido es inaceptable. Nadie puede usar mi trabajo ni atribuírselo, y mucho menos desde lo público”, expresó Tcherassi en su comunicado. El requerimiento exige suspender cualquier divulgación, construcción o promoción, eliminar contenidos y emitir un pronunciamiento antes del 20 de noviembre, advirtiendo acciones civiles, penales y disciplinarias si no se cumple.
La postura oficial: el proyecto continúa
Hasta el momento, no existe pronunciamiento oficial de la Alcaldía ni del alcalde Alejandro Char sobre la reclamación de Tcherassi. Sin embargo, el mandatario ha mantenido una activa promoción del proyecto en redes sociales y medios, presentándolo como un “sueño personal” que visualizaba desde hace años.
“La Luna del Río será un ícono turístico para Barranquilla. Una rueda de 65 metros, con 44 cabinas climatizadas, fabricada en Italia, que atraerá entre 300.000 y 400.000 visitantes al año”, afirmó Char en declaraciones recientes. Según la Alcaldía, la obra está en fase final: las cabinas ya fueron instaladas, se realizan pruebas técnicas y la inauguración está prevista para diciembre.
Puerta de Oro y Fabbri Group han divulgado información técnica sobre la atracción, destacando su diseño europeo y estándares de seguridad, pero sin referirse a la disputa legal, que de hecho inició posterior a la mayoría de los anuncios y avances de la noria.
De la idea original al contrato actual
De acuerdo con la versión de Tcherassi, en 2019 presentó el proyecto a la Alcaldía y vinculó a Fabbri y Puerta de Oro bajo una relación de confianza. Tras la pandemia, el contrato inicial se habría liquidado. En 2024, la administración distrital adjudicó el desarrollo directamente a Fabbri, sin participación del empresario, lo que detonó la controversia.
El requerimiento legal advierte que la utilización del nombre “Luna de Barranquilla” —registrado como marca— y la apropiación de elementos creativos podrían configurar usurpación marcaria, violación de derechos de autor y actos de competencia desleal, con sanciones que incluyen multas y penas de prisión según el Código Penal colombiano.
Expertos en propiedad intelectual aseguran que, si Tcherassi acredita la titularidad de las marcas y derechos de autor, la demanda podría prosperar. No obstante, la Alcaldía podría argumentar que el concepto de una rueda turística no es exclusivo, aunque el uso del nombre registrado sí sería un punto crítico.
La controversia también plantea riesgos institucionales, ya que el comunicado advierte posibles acciones disciplinarias contra funcionarios, reclamaciones patrimoniales y daños reputacionales para la ciudad si se confirma el uso indebido de recursos públicos en un proyecto basado en obras protegidas.